24 de julio de 2025 - 08:50 Por Sarai Avila El conflicto entre China y el Tíbet lleva más de siete décadas sin resolución y se trata de un tema central para el gobierno de Xi Jinping. El Tíbet fue parte del Imperio Mongol en el siglo XIII y de la dinastía Qing desde 1720. Tras la caída de esa monarquía en 1912, el gobierno tibetano retomó el control del territorio, proclamando su independencia de facto en 1913. Durante las siguientes décadas, el Tíbet mantuvo instituciones propias, incluyendo moneda, bandera, pasaporte, relaciones exteriores limitadas y un ejército local.
El decimotercer Dalai Lama reafirmó esta condición con una proclama en 1912. Sin embargo, la falta de reconocimiento internacional y la debilidad militar dejaron al Tíbet vulnerable. China, tanto bajo el Kuomintang como bajo el Partido Comunista, nunca reconoció esa independencia. Consideró al Tíbet parte de su territorio, herencia de la soberanía Qing.
La ocupación de 1950 y el Acuerdo de los 17 Puntos
En octubre de 1950, tropas del Ejército Popular de Liberación ingresaron en el Tíbet y tomaron la ciudad de Chamdo. En mayo de 1951, una delegación tibetana firmó en Pekín el Acuerdo de los 17 Puntos, que establecía la integración del Tíbet a la República Popular China, bajo ciertas garantías de autonomía y respeto por su sistema religioso y político.
El Dalai Lama ratificó el acuerdo en octubre de 1951, aunque más tarde declaró que se firmó bajo coacción. El gobierno tibetano en el exilio sostiene que la presencia militar china, la falta de comunicación libre durante las negociaciones y la imposición de condiciones por parte de Beijing invalidan el documento.
La revuelta de 1959 y el exilio del Dalai Lama
Las tensiones se intensificaron en la segunda mitad de los años 50, especialmente en las regiones de Kham y Amdo, donde las reformas agrarias impuestas por el gobierno chino encontraron fuerte resistencia. El 10 de marzo de 1959, se produjo un levantamiento generalizado en Lhasa. El movimiento fue reprimido por el Ejército Popular de Liberación, con un saldo de miles de muertos.
El Dalai Lama huyó a la India, donde fundó el Gobierno Tibetano en el Exilio. Desde entonces, el liderazgo tibetano ha denunciado violaciones a los derechos humanos, destrucción cultural y religiosa, y falta de autonomía real dentro de la llamada Región Autónoma del Tíbet (RAT), creada por Beijing en 1965.
Durante la Revolución Cultural (1966-1976), el Estado chino destruyó la mayor parte de los monasterios tibetanos, prohibió prácticas religiosas y persiguió a monjes y monjas. A partir de 1980, se permitió cierta reconstrucción, pero bajo estricto control estatal. Según diversas ONG, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, continúa habiendo detenciones arbitrarias, tortura y vigilancia masiva.
En los últimos años, informes independientes han denunciado la existencia de campos de "entrenamiento laboral" obligatorios, donde miles de tibetanos son reeducados bajo directrices del Partido Comunista. Estas prácticas son comparadas con las implementadas en Xinjiang con la población uigur.
El Estado chino ha promovido activamente la migración de población Han al Tíbet, incentivándola con beneficios económicos. Esta política ha alterado la composición demográfica en zonas urbanas, particularmente en Lhasa. La mayoría de los comercios están en manos de chinos Han, y muchos tibetanos quedan relegados económicamente.
A nivel ambiental, también hay denuncias por la explotación de recursos naturales: agua, litio, uranio, oro. El frágil ecosistema de la meseta sufre deforestación, erosión y contaminación. Según denuncias del gobierno tibetano en el exilio, el subsuelo también se ha utilizado para depositar residuos nucleares.
Posiciones contrapuestas: China vs. gobierno en el exilio
Pekín sostiene que el Tíbet ha sido parte integral de China desde hace siglos, que la "liberación pacífica" de 1951 puso fin a un sistema feudal teocrático y que el desarrollo económico desde entonces ha mejorado las condiciones de vida en la región. Afirma que se respetan las tradiciones culturales y religiosas, y que los tibetanos participan de forma activa en los gobiernos locales.
Por su parte, el gobierno en el exilio denuncia una ocupación militar, la destrucción de la cultura tibetana, la represión sistemática y la falta de autodeterminación. Si bien en los primeros años se reclamaba la independencia total, desde los años ochenta el Dalai Lama promueve una "vía intermedia": aceptar la soberanía china pero con garantías reales de autonomía cultural, religiosa y política.
El papel del Dalai Lama
Exiliado desde 1959, el decimocuarto Dalai Lama ha sido la figura central del movimiento tibetano. Ganador del Premio Nobel de la Paz en 1989, ha defendido siempre una salida pacífica al conflicto. En 1988 presentó ante el Parlamento Europeo la Propuesta de Estrasburgo, que incluía la transformación del Tíbet en zona de paz y la garantía de derechos fundamentales.
El gobierno chino ha rechazado esas propuestas y ha cuestionado la legitimidad del Dalai Lama, a quien considera un separatista. Las tensiones se reactivaron en 2024, cuando el Dalai Lama anunció que tendrá un sucesor y que su institución, no Beijing, será quien lo nombre. China sostiene que la reencarnación deberá ser aprobada por el Estado, según la legislación vigente.
La comunidad internacional ha mantenido una postura ambigua. Si bien algunos países critican la situación de derechos humanos en el Tíbet, la mayoría reconoce la soberanía china sobre el territorio. Estados Unidos apoyó movimientos de resistencia en los años 50 y 60, pero luego abandonó ese respaldo. La India dio asilo al Dalai Lama y aloja al gobierno tibetano en el exilio, pero también reconoce oficialmente que el Tíbet es parte de China.
Las Naciones Unidas han emitido resoluciones (1959, 1961, 1965, 1991) solicitando respeto a los derechos de los tibetanos, sin consecuencias prácticas. La condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad le da a China capacidad de veto y peso diplomático suficiente para evitar condenas efectivas.
Un conflicto sin resolución a la vista
El conflicto entre China y el Tíbet lleva más de siete décadas sin resolución. Las partes mantienen posiciones opuestas sobre la historia, la soberanía y los derechos de la población local. Mientras Beijing refuerza el control territorial, el liderazgo en el exilio reclama autonomía real y garantías internacionales.
Las condiciones geográficas, los recursos estratégicos, la importancia simbólica del budismo tibetano y la presión demográfica hacen de este conflicto un punto sensible. Aunque el Dalai Lama propone una solución dialogada, el futuro político del Tíbet sigue atado al equilibrio entre los intereses del Estado chino y la persistencia de un pueblo que no ha renunciado a su identidad.
