Para continuar, suscribite a El Archivo. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE Para continuar, suscribite a El Archivo. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEn las elecciones del domingo 25 de junio en Guatemala el primer puesto fue para el voto en blanco y el voto nulo, que conjuntamente obtuvieron más del 24%. La candidata favorita fue Sandra Torres, quien obtuvo el 16% y que se enfrentará a Bernardo Arévalo de León, que consiguió el 12% del apoyo electoral. El candidato del Movimiento Semilla fue la sorpresa del día ya que las encuestas mostraban un apoyo de no más del 3%.
El movimiento Semilla surgió en 2015, liderado principalmente por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, como resultado de las demandas y manifestaciones ciudadanas contra la corrupción del país. Definido como un partido socialdemócrata y progresista por quienes lo componen, el discurso de campaña tuvo como eje principal la lucha contra la corrupción y la recuperación de la democracia.
Arévalo es hijo del ex Presidente Juan José Arévalo, que gobernó tras la Revolución de 1944. Anteriormente ocupó otros cargos políticos como cónsul en Israel, viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en España y diputado en el Congreso. Cuenta con el apoyo de los jóvenes, los estudiantes y de las zonas urbanas. Propone incrementar el control en las cárceles , el empleo y fortalecer a las fuerzas políticas.
Por su parte, Torres, la candidata y presidenta de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ha optado por no ubicarse en el espectro político izquierda-derecha, pero el partido ha ido mutando desde el posicionamiento social democrático hasta el sector más conservador. En una entrevista, cuando le preguntaron por cómo se identificaba, declaró: “mi ideología es Guatemala”. Su discurso está orientado al sector rural, a las mujeres y a los beneficiarios de los programas sociales. También promete emular la estrategia penitenciaria de Bukele, Presidente de El Salvador.
Fue primera dama del país durante el periodo 2008-2011, años en que su esposo, Álvaro Colom, gobernó el país. Es la tercera vez que se postula para ser la primera presidenta del país: lo intentó en 2015 y 2019. Fue detenida en 2019 por supuesta financiación electoral ilegal de su partido y asociación ilícita. Tras varios meses en la cárcel, logró apelar al arresto domiciliario y fue absuelta a finales del año pasado.
Los resultados de las elecciones han evidenciado el rechazo de los y las ciudadanas hacia el sistema político de Guatemala. Durante la época de campaña, múltiples han sido las denuncias por fraude, se han cancelado tres candidaturas presidenciales, muchos postulantes han sido excluidos del sistema, hubo llamados por parte de los opositores a anular el voto y se han aceptado personas que presentan incompatibilidades con la legislación del país centroamericano. Más de 1.200 candidatos a vicepresidente, alcaldes y escaños en el Congreso también se han mantenido fuera de las boletas. Como en el país centroamericano no hay opción de reelección, el actual Presidente Alejandro Giammattei no puede postularse.
Este año, en las elecciones generales los guatemaltecos votan presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República, corporaciones municipales y diputados del Parlamento Centroamericano. Pero como ningún candidato presidencial obtuvo la mayoría absoluta de los votos (50 %+1) en la primera vuelta, se realizará una segunda vuelta el domingo 20 de agosto de 2023.
Sin embargo, el sábado 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC), que es máximo tribunal de Guatemala, ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no oficialice el resultado de los comisiones generales, porque nueve partidos del sector tradicional-conservador presentaron un recurso legal, declarando que “existe riesgo y amenaza inminente de que se realice adjudicación de cargos a elección popular sin haber entrado a conocer las juntas electorales departamentales los vicios contenidos en actas manuscritas, actas digitalizadas, y consecuentemente, subsistentes al efectuarse la revisión de escrutinios a nivel nacional”. El Tribunal anunció que, si bien revisarán las actas, el proceso se desarrolló tal y como lo establece el ordenamiento electoral". No es la primera vez que esto sucede: en 2019 el Tribunal realizó el mismo procedimiento por acusaciones de fraude.
El día martes 4, el presidente Alejandro Giammattei exigió un recuento manual de los votos. lo que marcó el inicio de lo solicitado por la Corte de Constitucionalidad. Las juntas electorales se reunieron para cumplir con la resolución y revisar las actas. Esto fue criticado por fiscales y partidos, lo que ha ido aumentado las tensiones existentes: desde los sectores más conservadores se ha lanzado una campaña contra Arévalo, a la que se unieron iglesias evangélicas. El escenario actual genera un clima de incertidumbre electoral: los guatemaltecos realizan protestas exigiendo respeto por el sistema electoral y el fin de la corrupción.
La comunidad internacional ha reaccionado con temor a que se anulen los resultados electorales. La Secretaria de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, comunicó que “Estados Unidos apoya el derecho constitucional del pueblo guatemalteco de elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas y está profundamente preocupado por los esfuerzos que interfieren con el resultado de las elecciones del 25 de junio. Las acciones para interferir con el resultado de las elecciones violan el espíritu de la constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático”.
Por su parte, la Misión de Observación de las elecciones de la Unión Europea declaró “que se respete la clara voluntad ciudadana expresada en las elecciones del pasado 25 de junio". De igual forma, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó "a los poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo a respetar la separación de poderes, la integridad del proceso electoral, así como los trabajos y conclusiones alcanzados en este proceso por la autoridad electoral de Guatemala". Afirmó que no hay razones para sospechar irregularidades.
Quien asuma la presidencia en agosto deberá enfrentar múltiples desafíos, como el hartazgo de la población, la corrupción, el narcotráfico, las medidas autoritarias del gobierno actual, la migración y la inseguridad. Además, tendrá que tomar decisiones respecto a la creciente criminalización de fiscales, jueces y periodistas que fueron exiliados o encarcelados por exponer la corrupción gubernamental. Deberá imponer límites al “Pacto de Corruptos”, compuesto por políticos, militares y empresarios que buscan mantener y preservar sus intereses. Recomponer la democracia y el Estado de Derecho será la tarea central.
Desde hace casi 70 años ningún gobierno de izquierda gobierna el país. Entre 1945 y 1954 gobernaron Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. Fueron seguidos por una serie de gobiernos militares de derecha y una guerra civil de 36 años (1960-1996). El retorno a la democracia se dio en 1986, y los partidos conservadores y tradicionales han gobernado de manera ininterrumpida excepto dos veces: en 1986 y 2008. Guatemala se caracteriza por ser un país donde la ciudadanía nunca reelige al gobierno de turno debido a factores como la desconfianza institucional, una economía endeble, un Estado ineficiente y un sistemático malestar.
La candidatura de Arévalo y el resultado de las elecciones demuestran la utilización del voto como herramienta de castigo, que se extiende en América Latina y en Europa, donde ha habido un importante retorno de las derechas al poder. En el caso de Bukele, quien gobierna el país limítrofe de El Salvador, también puede evidenciarse cómo el hartazgo de la población repercute en la hegemonía partidaria, ya sea porque los candidatos presentan un discurso diferente al que propone el oficialismo o porque las preferencias e intereses civiles no son contemplados en las decisiones políticas. La fragmentación partidaria y política, en conjunto con una ausencia o debilitamiento de la relación partidos-sociedad, se refleja en el pedido de rendición de cuentas de los electores.