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SUSCRIBITECrece el rechazo a las redadas migratorias de Donald Trump. El gobierno federal de Estados Unidos desplegó militares en Los Ángeles.
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SUSCRIBITELa ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, considerada desde hace años un bastión de protección para migrantes, atraviesa días de agitación tras una serie de redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los operativos comenzaron hace semanas en zonas de fuerte presencia latina, como el centro y el sur de la ciudad, y dejaron al menos 118 personas detenidas.
La cifra se enmarca en el plan federal de alcanzar los 3.000 arrestos diarios en todo el país. Las redadas forman parte de lo que la Casa Blanca ha definido como “la mayor operación de deportación en la historia de EEUU”. En respuesta, miles de personas salieron a las calles para rechazar la política migratoria del gobierno federal y exigir el respeto de los derechos de los inmigrantes.
Las imágenes de las detenciones, en lugares como locales comerciales y una sucursal de Home Depot, circularon rápidamente y generaron una ola de rechazo. “Nos dijeron que iban tras delincuentes violentos. No era un antro de drogas, era un Home Depot”, declaró la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en CNN. Desde el fin de semana, miles de manifestantes salieron a las calles con consignas en defensa de la comunidad inmigrante y en repudio a la intervención militar ordenada desde la Casa Blanca.
“Estos disturbios sin ley sólo fortalecen nuestra determinación”, escribió Trump en Truth Social. “Estoy ordenando a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que tome todas las medidas necesarias para liberar a Los Ángeles de la invasión de inmigrantes y poner fin a estos disturbios”. El mandatario justificó el envío de tropas bajo el Título 10 del Código de Estados Unidos, una disposición que permite federalizar la Guardia Nacional sin autorización estatal ante amenazas a la ley y el orden.
El presidente Donald Trump respondió a las protestas ordenando el despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines. Lo hizo sin consultar ni contar con la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom, ni con el gobierno municipal. La medida fue ejecutada en base al Título 10 del Código de Estados Unidos, que permite al presidente tomar control de las fuerzas militares en situaciones excepcionales.
“No se trata de seguridad pública. Se trata de halagar el ego de un presidente peligroso”, expresó Newsom en su cuenta de X. La alcaldesa Karen Bass, por su parte, señaló que “la ciudad está siendo utilizada para un experimento de autoridad federal”. Ambos dirigentes coincidieron en que la situación estaba bajo control y calificaron la decisión como “innecesaria” e “imprudente”.
El envío de tropas federales sin consentimiento estatal no se registraba en California desde 1965. En aquel entonces, el presidente Lyndon B. Johnson utilizó la Ley de Insurrección para intervenir ante la negativa de las autoridades estatales a proteger a manifestantes por los derechos civiles. Esta vez, Trump no invocó esa norma. La legalidad del operativo ha sido puesta en duda por especialistas y ya motivó una demanda presentada por el estado de California.
El conflicto entre el presidente y el gobernador no se limita al plano jurídico. La confrontación adquirió una dimensión política y personal. En declaraciones públicas, Trump acusó a Newsom de incompetente y sugirió que debería ser arrestado por “obstrucción”. “Arréstame. Terminemos con esto, tipo duro”, respondió el gobernador en redes sociales.
Newsom cuestionó también las condiciones del despliegue: denunció que los soldados estaban hacinados, sin alimentos ni órdenes claras, y calificó la operación como un “espectáculo mediático”. La Casa Blanca, en cambio, sostuvo que la medida fue necesaria para proteger instalaciones federales y restablecer el orden público.
La portavoz del gobierno federal, Karoline Leavitt, acusó al gobernador de actuar con “desidia” y aseguró que “funcionarios federales fueron atacados por radicales violentos”. Trump, a su vez, afirmó que si no hubiera actuado, Los Ángeles “habría quedado completamente destruida”.
Las movilizaciones se extendieron por toda la ciudad. Familias enteras se manifestaron frente al Ayuntamiento y al edificio federal que alberga un centro de detención de ICE. La consigna “Nuestra ciudad” apareció pintada en su fachada. En algunos puntos, como la Autopista 101, se produjeron cortes y enfrentamientos. La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Se reportaron arrestos, pero también declaraciones oficiales aclarando que la mayoría de las protestas fueron pacíficas.
“Quienes ejercen la violencia no son los mismos que durante el día protestan de forma legítima”, señaló el jefe del Departamento de Policía, Jim McDonnell. Organizaciones de derechos civiles alertaron sobre el uso excesivo de la fuerza y denunciaron una creciente criminalización de la protesta social.
Los Ángeles, con cerca de un millón de habitantes indocumentados, se encuentra en el centro de una ofensiva migratoria que ha recrudecido desde el retorno de Trump a la presidencia. Las redadas no se limitan a domicilios: ICE ha comenzado a realizar arrestos en los tribunales y en lugares de trabajo, según denunciaron abogados de inmigración. “Van a ver más redadas en lugares de trabajo de las que se hayan visto en la historia de este país”, declaró un vocero federal.
También se reportaron traslados de detenidos a centros como la base de Guantánamo o cárceles de máxima seguridad en El Salvador, incluso en casos de migrantes con estatus legal. Estas medidas han sido cuestionadas judicialmente y ampliaron el frente de críticas contra la política migratoria de la administración Trump.
Lo que ocurre en Los Ángeles va más allá de la coyuntura. El despliegue de tropas sin aval estatal reactiva un debate histórico sobre el alcance del poder presidencial y la soberanía de los estados. El gobernador Newsom advirtió que esta decisión “sienta un precedente peligroso” que podría repetirse en otros estados.
Además, la confrontación se enmarca en una estrategia electoral. Analistas coinciden en que Trump busca reforzar su imagen de líder firme ante sus votantes, utilizando el conflicto con California como símbolo de su postura frente a la inmigración y la “anarquía” urbana.
El escenario sigue en evolución. Las protestas continúan, las demandas judiciales avanzan y las tensiones entre los distintos niveles del Estado se mantienen. Mientras tanto, miles de migrantes permanecen en el centro del conflicto, enfrentando redadas, detenciones y una creciente militarización de sus barrios.