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SUSCRIBITEEstados Unidos revoca licencias petroleras en Venezuela: Chevron, Repsol y otras empresas deberán abandonar se país antes del 27 de mayo
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SUSCRIBITELa decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar las licencias que permitían a empresas petroleras operar en Venezuela marca un giro contundente en su política energética hacia el país sudamericano.
Esta medida, ejecutada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), afecta directamente a compañías como Chevron (EE.UU.), Repsol (España), Maurel & Prom (Francia), Eni (Italia), Reliance Industries (India) y Global Oil Terminals (EE.UU.), y tendrá consecuencias significativas tanto para la economía venezolana como para el equilibrio del mercado internacional del petróleo.
El origen de esta política se remonta a las sanciones sectoriales impuestas por la administración de Donald Trump en 2017, que limitaron el acceso de Venezuela a financiamiento internacional y prohibieron a bancos estadounidenses operar con bonos emitidos por PDVSA, la estatal petrolera. En 2019, tras reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, EE.UU. profundizó las sanciones, bloqueando cualquier compra de petróleo venezolano por parte de empresas estadounidenses, salvo que contaran con licencias específicas.
Una de las excepciones más relevantes fue la licencia otorgada a Chevron en noviembre de 2022, bajo la administración de Joe Biden. Esta licencia, conocida como la número 41, permitía a la empresa operar en Venezuela a través de asociaciones con PDVSA. Chevron actuaba como socio minoritario en cuatro empresas mixtas, con una participación accionaria que oscilaba entre el 30 % y el 34 %, y su actividad representaba cerca del 25 % de la producción petrolera del país. En 2024, esas empresas llegaron a producir más de 200.000 barriles diarios, principalmente en la estratégica Faja Petrolífera del Orinoco.
A fines de 2023, luego de un acuerdo político alcanzado en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores de la oposición, el Departamento del Tesoro emitió la Licencia 44, que flexibilizó temporalmente el régimen sancionador sobre el sector energético venezolano. Esta licencia permitió a empresas como Repsol, Eni y Maurel & Prom reanudar operaciones, recuperar pagos de deuda en crudo y aumentar la producción conjunta con PDVSA. Durante ese período, la producción nacional se recuperó progresivamente, alcanzando en enero de 2025 el millón de barriles por día, el nivel más alto desde 2019. El gobierno venezolano se mostraba optimista con respecto a su meta de alcanzar 1,5 millones de barriles diarios para finales de este año.
Sin embargo, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral declaró la reelección de Maduro sin compartir los resultados desglosados, la Casa Blanca anunció que revisaría su política de sanciones “a la luz de los intereses generales de la política exterior” y “las acciones que tomen o no tomen Maduro y sus representantes”. En ese contexto, el 17 de abril de 2024 expiró la Licencia 44, y se mantuvo solo la Licencia 41 de Chevron, aunque su vigencia fue limitada. Finalmente, en marzo de 2025, la OFAC notificó la revocación de todas las licencias, otorgando a las compañías un plazo hasta el 27 de mayo para liquidar sus operaciones en el país.
Chevron, que en 2024 había sido clave para estabilizar la producción venezolana, deberá cerrar sus actividades en menos de dos meses. En respuesta, la empresa no ha emitido declaraciones públicas sobre posibles compensaciones económicas, y es poco probable que se le indemnice, ya que las licencias tenían carácter excepcional y revocable bajo la ley estadounidense. Global Oil Terminals, empresa vinculada al magnate Harry Sargeant III, también recibió una orden directa para abandonar el país. Otras compañías como Maurel & Prom y Eni fueron igualmente notificadas de la cancelación de sus autorizaciones.
Repsol, por su parte, ha iniciado negociaciones directas con las autoridades estadounidenses en un intento por encontrar mecanismos que le permitan continuar con sus operaciones. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, confirmó públicamente que la empresa mantiene un “diálogo abierto” con Washington y expresó su intención de explorar fórmulas legales que permitan preservar la continuidad del negocio. La petrolera española había incrementado notablemente los volúmenes de importación de crudo en 2024, como parte de un acuerdo para recibir petróleo como forma de pago de deuda por parte de PDVSA. El Gobierno español también se ha involucrado en la defensa de los intereses de Repsol.
En el plano internacional, las consecuencias no se limitan a las empresas afectadas. Venezuela fue durante 2024 el tercer proveedor de crudo a EE.UU., solo detrás de Canadá y México, con exportaciones que promediaron 222.000 barriles diarios. Al mismo tiempo, China se consolidó como el principal comprador del crudo venezolano, con 351.000 barriles diarios, e India experimentó un aumento importante en sus importaciones desde Venezuela. Según datos oficiales, las exportaciones totales de crudo venezolano alcanzaron un promedio de 772.000 barriles diarios en 2024, el nivel más alto desde 2019.
El presidente Nicolás Maduro calificó la medida como una “acción autodestructiva” por parte del gobierno estadounidense y aseguró que Venezuela seguirá produciendo petróleo y cumpliendo sus compromisos internacionales. La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, denunció que Estados Unidos se está “autoinfligiendo un perjuicio” al afectar la seguridad jurídica de sus propias inversiones en el extranjero. Rodríguez sostuvo además que Venezuela es un “socio confiable” y que continuará cumpliendo con la legislación nacional y con los contratos firmados con las empresas extranjeras.
Esta nueva ofensiva de sanciones se enmarca en una política exterior más agresiva por parte de la administración Trump, que ha retomado el poder tras su reelección. En paralelo a la revocación de licencias, la Casa Blanca impuso un arancel del 25 % sobre las importaciones de petróleo y gas provenientes de Venezuela. Además, EE.UU. incautó en enero un avión supuestamente utilizado por Maduro, alegando que había sido adquirido ilegalmente y sacado de contrabando del país. Según el Departamento de Justicia, esta operación violó directamente las sanciones vigentes.
Las sanciones que aplica el Departamento del Tesoro de EE.UU. forman parte de un régimen de medidas específicas o selectivas, dirigidas a sectores puntuales y a personas individuales. A diferencia de un embargo general como el que existe sobre países como Irán o Corea del Norte, las sanciones contra Venezuela permiten excepciones mediante licencias temporales, como ocurrió en los últimos años. Sin embargo, cuando estas licencias son revocadas, las empresas deben cesar completamente cualquier actividad que involucre a personas o entidades sancionadas, o que utilicen el sistema financiero estadounidense.
Las consecuencias de esta nueva ofensiva por parte de Washington podrían ser severas y duraderas para Venezuela. Los aranceles del 25 % a países que importen crudo venezolano, sumado a la restricción operativa impuesta a Chevron —cuya producción conjunta representa un cuarto del total nacional—, compromete gravemente la capacidad del país para mantener sus niveles de exportación. A diferencia de episodios anteriores, el entorno actual es mucho menos propicio para encontrar salidas alternativas: China, principal destino del crudo sancionado, muestra señales de desaceleración en la demanda; Rusia e Irán, socios tradicionales en la evasión de sanciones, enfrentan sus propias restricciones y compiten por los mismos mercados; y la estructura del mercado petrolero internacional ha cambiado, con un EE.UU. autosuficiente energéticamente y con mayor margen para imponer medidas sin comprometer su seguridad energética.
El impacto inmediato podría traducirse en una caída significativa de la producción y en una contracción abrupta de los ingresos petroleros, que constituyen la principal fuente de divisas del país. Esto agravaría la ya precaria situación macroeconómica venezolana: la reciente devaluación del bolívar en el mercado paralelo anticipa un repunte inflacionario, mientras que los cortes eléctricos han forzado al gobierno a reducir las horas laborales en el sector público, incluyendo en PDVSA. La combinación de menor producción, menor ingreso fiscal y deterioro de servicios públicos aumenta el riesgo de una nueva fase de colapso económico.
En el plano social, estas medidas podrían agudizar la crisis humanitaria, con un deterioro adicional en los niveles de pobreza, desnutrición y acceso a servicios básicos. Asimismo, podrían provocar un nuevo repunte migratorio, con miles de venezolanos buscando salir del país en un contexto de creciente represión interna tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2024. A nivel regional, esto representa un desafío para los países vecinos y podría obligar a organismos multilaterales a reactivar esquemas de asistencia humanitaria y migratoria.
En términos geopolíticos, la estrategia estadounidense podría aislar aún más al gobierno de Nicolás Maduro, pero también empujarlo a reforzar sus alianzas con actores como Irán, Rusia o China. No obstante, la sostenibilidad de estos vínculos es incierta, dada la presión que enfrentan estos países en sus propios frentes. De consolidarse el efecto de las medidas, Venezuela podría quedar relegada a una posición aún más marginal dentro del mercado energético global, con escasa capacidad de recuperación en el corto y mediano plazo.