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SUSCRIBITEEl 14 de abril es una fecha mítica para España, casi podríamos decir sagrada, para todos los republicanos españoles (que cada vez son más numerosos), pues conmemora la proclamación en 1931 de la denominada Segunda República española, régimen democrático que sustituyó a la monarquía de Alfonso XIII.
La Segunda República fue el régimen oficial y legal en España entre su proclamación en 1931 y su final trágico el 1 de abril de 1936, fecha del fin de la Guerra Civil y que daría lugar a la implantación de la dictadura del general Francisco Franco Bahamonde (1892-1975). El dictador murió, no lo olvidemos, en un hospital, tras una penosa enfermedad y una lenta y dolorosa agonía. Pero murió en una cama, bien cuidado y atendido. Y no murió en el exilio, sino manejando con mano férrea el país y con un mecanismo de sucesión perfectamente ajustado que funcionó. Franco, probablemente, tuvo más poder sobre la vida y la obligada religión de los españoles, que ningún otro gobernante en la historia de España.
El reinado de Alfonso XIII, abuelo de Juan Carlos I, éste último padre del actual rey de España y anterior Jefe del Estado y titular de la corona de España entre la muerte de Franco y su abdicación, no fue en absoluto un periodo tranquilo. Alfonso de Borbón nació rey, pues su padre, Alfonso XII había fallecido cinco meses antes de su nacimiento. Durante toda su minoría de edad y hasta el juramento de la Constitución de 1876, a la edad de 16 años, la jefatura de Estado del Reino de España recaería en su madre, en calidad de reina regente, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Pero no sería esa la única vez en la que Alfonso XIII no ejerció sus derechos a título de rey, pues al no oponerse al golpe de Estado del general Primo de Rivera, no ejerció de facto, aunque sí de derecho, la jefatura del Estado español entre 1923 y 1930. Tampoco lo haría durante los dos años de dictadura del general Dámaso Berenguer, entre 1930 y 1931. No es de extrañar que ante este panorama desalentador, Alfonso XIII terminase por elegir el camino del exilio tras la rotunda victoria de la izquierda en las elecciones municipales (sí, lo he escrito bien, elecciones municipales) de 1931.
La monarquía española, interrumpida pues el 14 de abril de 1931, no sería oficialmente reinstaurada que hasta el 22 de noviembre de 1975, pero no por la voluntad del pueblo español, sino por expreso deseo del general Franco quien en 1969 crea el título de Príncipe de España para designar a su heredero.
El general Franco, en efecto, no poseía la legitimidad dinástica para hacerlo en el marco de una monarquía, que entonces recaía, si acaso, en Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, depositario de los derechos dinásticos de la Casa española de Borbón y, por lo tanto, aunque en el exilio, único con cierta legitimidad, si bien contestada por su propio hermano Jaime, de mayor edad que Juan, para seguir utilizando los títulos vinculados a la Corona de España y, entre ellos, el de príncipe de Asturias que históricamente tienen derecho a portar los herederos al Reino de España. He aquí un primer dato a retener por el lector: el anterior rey Juan Carlos I, nunca tuvo el derecho a usar el título de príncipe de Asturias especifico de los legales herederos, y tuvo que utilizar otro, aparentemente similar pero creado o inventado por un dictador y no por la tradición real y legal española.
Segundo dato a retener por el lector: no sería hasta 1977, en una ceremonia privada, bastante restringida y discreta, en la que el padre del ya proclamado rey Juan Carlos I (proclamado por testamento de Franco, no por derecho), renunciaría a sus derechos al trono de España para transmitirlos definitivamente a su hijo.
Pero esto no es tampoco un hecho incontrovertible y claro, pues Juan de Borbón no era, por nacimiento, más que el tercer hijo de Alfonso XIII y, por tanto, no llamado nunca a reinar. Los derechos dinásticos de la Corona española se depositan siempre en el primer varón, esto es en el primogénito. En consecuencia, Juan de Borbón nunca recibió una educación reservada a un heredero al trono. No sería hasta 1933 que sus dos hermanos mayores renuncian, por exigencia de su padre y no por decisión propia, a sus derechos dinásticos.
El primero, Alfonso de Borbón, hemofílico pero no incapaz, bajo la presión de su padre, ya entonces rey en el exilio, tras la decisión de su hijo primogénito de casarse con una plebeya cubana, hecho que indica también el grado de compromiso del Borbón con la causa monárquica, que por aquel entonces era ya cuestionada, aunque la sociedad de 1933 no fuera todavía la sociedad existente el 22 de mayo de 2004, fecha de la boda del actual rey Felipe VI con Letizia Ortiz Rocasolano, periodista, también plebeya (aunque nos dé casi vergüenza utilizar en el siglo XXI esta palabra) y divorciada (hecho aparentemente incompatible con el hecho de ser una futura reina católica de España). Introduzco algunos términos simplemente para reforzar la obsoleta realidad del hecho monárquico vinculado a una determinada religión en el marco de una sociedad democrática e igual del siglo XXI.
Pero es interesante recordar aquí que esa Boda Real, la del entonces príncipe Felipe y su esposa, fue la primera boda de Estado celebrada en España en 50 años, apenas dos meses después de los terribles atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, que costaron la vida de 193 personas y más de 2000 heridos.
Siguiendo con este breve resumen de circunstancias que condicionan y modifican algo tan antiguo y etéreo como son los derechos dinásticos a un trono, tenemos ahora que mencionar que el segundo hijo de Alfonso XIII también renuncia a sus derechos dinásticos y también por mandato de su padre. En efecto, Jaime de Borbón, que era sordo desde los cuatro años, pero no intelectualmente incapaz, tras una intervención quirúrgica que fue necesaria para curar una doble mastoiditis. Esto es una infección que afectaba a los huesos localizados detrás de sus orejas.
El motivo que el padre, Alfonso XIII, alegó para que su segundo hijo también renunciase a sus derechos era su incapacidad, que en realidad, como hemos visto no era tal. De hecho, los legitimistas franceses consideraron desde 1941 a Jaime de Borbón como el jefe de la Casa de Borbón francesa. Quizá por este hecho y también por haber renunciado a sus derechos por obediencia al mandato paterno y no por decisión propia, Jaime de Borbón intenta desde el 6 de diciembre de 1949 que su renuncia fuese invalidada oponiéndose permanentemente -al menos entre esa fecha y la promulgación de Juan Carlos como príncipe de España, muy probablemente por presión franquista también-, a que su hermano menor fuese considerado el jefe de la Casa de Borbón española que Juan pretendió siempre ser.
Franco jugó durante esos años con esa duda dinástica, y en su momento, hoy es público y sabido, coqueteó con la posibilidad de elegir al candidato a sucederle que mejor interesase a sus propios planes dinásticos: el mencionado Juan Carlos, hijo de Juan de Borbón; o bien su primo Alfonso, hijo de Jaime de Borbón, que terminaría emparentando con el propio Franco al casarse con su nieta Carmen; o bien otros candidatos de aparentemente menor derecho pero muy vinculados ideológicamente al bando nacional durante la guerra civil española, como el candidato carlista Francisco Javier de Borbón-Parma y Braganza; o incluso Carlos de Borbón-Dos Sicilia, duque de Calabria, y quien para los realistas-legitimistas fue siempre Carlos I de las Dos Sicilia, rey de un reino vinculado históricamente a la Casa Real española, pero irrelevante desde la unificación de Italia en el contexto de las revoluciones liberales de 1860.
En cualquier caso, y esto es lo relevante, Francisco Franco no eligió al heredero de mayor consenso entre los monárquicos españoles de la época, Juan de Borbón, sino a su hijo Juan Carlos, educado por el dictador en España desde muy temprana edad. Todo ello a pesar de un oscuro acontecimiento acaecido el 29 de marzo de 1956 durante unas vacaciones de Juan Carlos en Estoril (Portugal). Ese día mató accidentalmente a su hermano más pequeño, de nombre también Alfonso, con una bala de pistola en la frente. La pistola, había sido un regalo del propio Franco a Juan Carlos. Los problemas de Juan Carlos con las armas no se limitan a su tristemente célebre cacería de elefantes en Botswana en abril de 2012, sino que se remontan a su infancia.
Hasta aquí, los antecedentes de una historia complicada con múltiples detalles sin resolver. Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y dos días después, Juan Carlos I es proclamado rey. Para los republicanos sería simplemente un heredero efímero del anciano dictador, pero sus primeras decisiones como rey son esperanzadoras en tiempos muy convulsos y extremadamente sangrientos en los que la lucha armada del Estado Español contra un terrorismo que no solo procedía de ETA y de la lucha revolucionaria y nacionalista vasca, sino también de otros grupos armados como eran los denominados FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico) o GRAPO (Grupo de Resistencia Antifascista del Primero de Octubre), por poner solo como ejemplos a los grupos terroristas más conocidos.
Juan Carlos I enseguida comprende que mantener el franquismo es imposible y que el cambio es inevitable. Para liderar el cambio, hace un nombramiento sorprendente y elige a Adolfo Suarez, un hombre atractivo y joven, pero que había sido jefe del Movimiento Nacional, concepto político conocido en España simplemente como Movimiento, nombre que recibió durante el franquismo la maquinaria totalitaria e ideológica franquista, única vía legal y no perseguida de ejercer la política durante la dictadura. Esto es, siendo ideológicamente franquista.
En cualquier caso, el joven Adolfo Suarez, compartía con el rey la idea de que el cambio era inevitable y España comienza a vivir experiencias inimaginables tras años de oscuridad, como la legalización del Partido Comunista. Pero la gran obra maestra de ese periodo pre-democrático es la denominada Ley para la Reforma Política, aprobada por un Parlamento que era todavía franquista el día de su votación, 18 de noviembre de 1975. De hecho, ese día el Parlamento franquista votó a favor de una Ley que implicaba su rápida disolución y su sustitución por un futuro Parlamento democrático con representantes elegidos en elecciones generales libres, las primeras desde 1931, por todos los españoles.
El 15 de diciembre de 1976, con un 94,2% de “síes”, el pueblo español vota en referéndum universal la ratificación de la Ley de Reforma Política y a mí, como a cualquier otro español que viviese aquellos días, aun siendo todavía niño, aquel recuerdo lejano, por la ilusión de mis próximos, sobre todo de mi abuelo, me llena de emoción. Como también me llena de emoción el referéndum del 6 de diciembre de 1978, en el que el pueblo español, otra vez en referéndum universal vota a favor de la nueva Constitución Española que desde entonces ha regido la vida de los españoles, aunque esta vez con un 88% de “síes” y con un tercio de abstenciones, dato que también debemos recordar. Porque no pocas voces comenzaban a darse cuenta que en aquel proyecto político se mezclaban demasiadas cosas, sin cerrarse verdaderamente ninguno de los problemas estructurales españoles que hoy siguen abiertos: las nacionalidades históricas, el federalismo, las lenguas que se hablan en la península ibérica, la laicidad del Estado, los acuerdos con la Santa Sede, las autonomías, y también la pregunta sobre la forma de gobierno y sobre la monarquía. O votabas a todo, o no votabas. El paquete completo o nada.
Apenas tres años después, otro hecho removería los corazones y las tripas de los españoles, esta vez la toma del Congreso de los Diputados y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en el que aparentemente el rey Juan Carlos actúa como héroe y padre de todos nosotros en una alocución televisada de madrugada que permite restablecer la normalidad institucional en apenas unas horas. Toda España, incluso la España republicana, acepta el liderazgo de Juan Carlos a partir de ese día y todos fuimos monárquicos otra vez, al menos hasta 2012, en el que comienzan a aparecer noticias sobre el verdadero perfil de nuestro rey, hasta esa fecha extrañamente sobreprotegido por los medios de información nacionales (pero no internacionales, y sobre todo internet, que ha venido para cambiar el mundo). Empezamos asía a conocer a las amantes del rey y sus prebendas económicas asociadas, sus cacerías, las comisiones cobradas por el yerno del rey, las comisiones cobradas por el propio rey, sus evasiones de impuestos, la mentira sobre el amor entre el rey y su esposa, la desestructuración de la Familia Real y, así, uno tras otro y sin interrupción muchos otros detalles hoy conocidos, incluso su posible vinculación, nunca del todo aclarada, con los ideólogos del intento de golpe militar de 1981 que consolidó su posición y que bien pudo ser una maniobra maestra de publicidad. No olvidemos aquí, que su abuelo Alfonso XIII ya aceptó en 1923 un dictador, el general Primo de Rivera, para prolongarse en el trono. Antecedentes hay.
Desde la abdicación de Juan Carlos en 2014, el actual rey Felipe VI, honrado y bienintencionado como parece, pero con errores ya de bulto en su reinado como la alocución durante las pretensiones de independencia catalana del gobierno de la Generalitat, ha pretendido mantenerse siempre alejado de su padre, quien no lo olvidemos, vive hoy fuera de España, en un exilio en cierto modo impuesto.
Este artículo, en cualquier caso, solo pretende, por razones que desarrollaremos en otros posteriores y complementarios, dejar claro que la dinastía actual, por venir de quien viene y por sus circunstancias actuales y pasadas debe ser definitivamente ratificada con una pregunta clara y directa a los españoles: ¿Monarquía o República?
Tras ese referéndum, solución fácil para un pueblo que ya es mayor de edad democráticamente hablando, estoy seguro de que todos aceptaran los resultados -los que ganen y los que pierdan-.
Como ya veremos en otras entregas de esta historia, tras siglos de guerras civiles, tras dictaduras, tras intentos de instauración de una República acorde con los tiempos y tras la proclamación, repulsa y restauración de regímenes monárquicos que han terminado siempre por decepcionar, tras una guerra civil y una dictadura que partió en pedazos nuestra concordia, los españoles deben, de una vez por todas, elegir en libertad su forma de Estado y de Gobierno.
Luis Cercós (Madrid, 1965) es historiador del arte, ingeniero y arquitecto especialista en restauración de monumentos. Profesor universitario, ha ejercido su trabajo en España, Argentina, Chile, Brasil y Francia. Desde 2016, trabaja y reside en París. Profesor universitario de la Universidad Alfonso X el Sabio. Medalla de honor de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, Polonia. Profesor invitado de la Universidad Politécnica de Madrid.