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SUSCRIBITEEspaña observa con indignación un escándalo de corrupción y prostitución protagonizado por altos miembros del Partido Socialista que acorrala a Pedro Sánchez
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SUSCRIBITEEl gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su momento más crítico. A siete años de haber llegado a La Moncloa como el rostro de la regeneración institucional, y tras haber hecho del feminismo y la lucha contra la corrupción las dos principales banderas simbólicas de su proyecto político, el líder se encuentra hoy rodeado por una trama que expone profundas contradicciones entre los valores proclamados y las prácticas reales de su estructura de poder.
Todo comenzó como una investigación por contratos irregulares durante la pandemia, pero en los últimos meses el caso ha escalado a un escándalo estructural que afecta al corazón del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La “Operación Delorme”, encabezada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reveló una red de sobornos, tráfico de influencias y favores sexuales que involucra a asesores, exministros y funcionarios clave del partido de gobierno.
Los chats y audios extraídos del teléfono de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, son el núcleo de la tormenta. En ellos se habla abiertamente de “agasajos” con prostitutas a contratistas en Madrid, pagos irregulares etiquetados como “la puta del otro día” o “mamadas”, y una lista de contactos femeninos clasificadas como “equipo de brasileñas”. Las grabaciones revelan que estas prácticas no fueron hechos aislados, sino parte de una lógica sistemática de funcionamiento clientelar al interior del PSOE.
Una de las figuras más mencionadas en el escándalo es la actriz porno Anaís —alias Letizia Hilton—, sorprendida ocultando un disco duro durante un allanamiento. En paralelo, se documentan conversaciones entre Ábalos y García intercambiando mujeres como si se tratara de mercancía, aludiendo a “Carlota”, “Ariadna” o “la colombiana”, en tono despectivo.
La lista de involucrados es amplia. Además de Koldo García, el caso compromete al propio José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, quien está siendo investigado por el Tribunal Supremo por tráfico de influencias, malversación de fondos y pertenencia a una organización criminal. Su relación con García fue decisiva: fue su asesor personal durante años y la figura que lo integró a las esferas más altas del poder socialista.
También renunció Santos Cerdán, quien había sucedido a Ábalos como número tres del PSOE. Las grabaciones revelan que no solo estaba al tanto de los hechos, sino que habría intentado encubrirlos e incluso manipular las primarias partidarias de 2014 en las que Pedro Sánchez se impuso como líder del partido.
La trama alcanza además al entorno personal del presidente: su esposa, Begoña Gómez, es investigada por presunto tráfico de influencias, aunque la fiscalía ha pedido archivar la causa. Su hermano, David Sánchez, irá a juicio por supuestas irregularidades en la asignación de un cargo público. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —hombre cercano a Moncloa—, será juzgado por revelar información confidencial en un caso ligado al PP.
Lo que más impacto político ha generado no es solo la corrupción, sino la disonancia entre la agenda pública del PSOE y las prácticas reveladas. Desde su llegada al poder, Pedro Sánchez consolidó una narrativa institucional fundada en dos pilares: anticorrupción y feminismo. Su primer gabinete fue el primero en la historia democrática de España con mayoría de mujeres. En 2021, el PSOE adoptó una postura abolicionista frente a la prostitución, impulsando sin éxito varias leyes que buscaban sancionar a quienes consumen servicios sexuales y erradicar la industria proxeneta.
Sin embargo, las filtraciones recientes exponen un circuito informal de favores sexuales, sostenido con recursos públicos y tolerado por altas figuras del partido. Esto ha desatado una ola de indignación dentro de las propias filas del partido, particularmente entre mujeres históricas del partido, militantes feministas y cargos que durante años defendieron la ética como principio rector del socialismo.
Andrea Fernández, exsecretaria de Igualdad del PSOE, se expresó: “Me siento profundamente humillada y avergonzada por esta dirección. Ningún partido es inmune al machismo, pero hay que cortar por lo sano”. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue más lejos: “No pueden estar ni un minuto más entre nuestras filas. Es denigrante y lamentable lo que hemos conocido. Entre lo público y lo privado no puede haber incoherencia: o se es íntegro, o se está fuera”.
El riesgo para el PSOE no es solo moral o institucional: es electoral. El partido obtiene su mayor caudal de apoyo del voto femenino (56,1% de sus votantes en 2023 fueron mujeres). Las contradicciones entre el discurso y las acciones pueden derivar en un coste político irreversible, no solo para Sánchez, sino para la identidad misma del partido.
Frente a las revelaciones, Pedro Sánchez pidió disculpas públicas, destituyó a los implicados, ordenó una auditoría interna y descartó convocar elecciones anticipadas. Su estrategia apunta a contener el daño sin desatar una crisis institucional mayor. En sus palabras: “Me repugnan los audios. El machismo, lo zafio y la falta de ejemplaridad son incompatibles con los valores del PSOE”.
Sin embargo, su negativa a dimitir y la resistencia a asumir responsabilidad política por el entorno que él mismo construyó debilitan su posición. Su gobierno depende hoy del apoyo de una coalición frágil con partidos como Sumar, ERC, Junts y Bildu. Si alguno de estos aliados decide romper, el Ejecutivo perdería la mayoría parlamentaria.
Desde la oposición, la presión aumenta. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exige la renuncia de Sánchez y elecciones anticipadas. Vox, por su parte, insiste en que el PSOE se ha transformado en “una mafia institucional”. Curiosamente, las mismas prácticas también han salpicado al PP en escándalos anteriores como Gürtel, Emarsa o Rasputín, lo que añade una dimensión sistémica al problema de la prostitución en la política española.
El caso Koldo no solo pone en cuestión la continuidad de Pedro Sánchez: abre una grieta en el sistema de representación y en la credibilidad del PSOE como partido de gobierno. El descrédito no proviene exclusivamente de la derecha, sino de una base social progresista que exige coherencia entre el discurso de igualdad y las estructuras de poder reales.
En última instancia, la crisis plantea un dilema: o el PSOE logra realizar una depuración real, revisar sus prácticas internas y recuperar el liderazgo simbólico del feminismo institucional; o se expone a un proceso de descomposición paulatina, en el que la decepción de sus propias bases lo deje sin horizonte de legitimidad.
Las contradicciones entre ideología y estructura ya no pueden sostenerse sin consecuencias, especialmente frente a un electorado cada vez más desencantado de la política.