14 de noviembre de 2023 - 13:36 Por Sarai Avila Durante el mes de octubre, una delegación del gobierno de Venezuela viajó a Barbados para retomar, luego de un año, negociaciones electorales con la oposición. El Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, establece que las partes negociadoras celebrarán elecciones presidenciales en el 2024 con la participación de organismos internacionales que garanticen seguridad y libertad. Nicolás Maduro, quien hace 10 años gobierna el país, declaró que firmará acuerdos beneficiosos para establecer garantías electorales.
El tratado tiene como base rechazar cualquier forma de violencia. Los firmantes aceptaron reconocer y respetar “el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución y la ley”. Reconocieron también el derecho de los actores políticos a disponer de mecanismos de financiación transparentes y se comprometieron a promover un equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados en pro de la igualdad de acceso para todos los candidatos presidenciales.
El 18 de octubre, un día después del tratado, Estados Unidos alivio temporalmente algunas sanciones industriales que pesaban sobre Venezuela y emitió una hoja de ruta con la finalidad de resolver “la crisis política, económica y humanitaria” del país. Estados Unidos ha emitido "una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela", pero podrá revocarlas si Caracas incumple "sus compromisos". De esta forma, Estados Unidos proyecta constituir elecciones presidenciales libres y justas.
Los últimos 10 años, el gobierno de Nicolás Maduro se ha consolidado en el poder. Venezuela es un país caracterizado por una aguda crisis económica, un elevado nivel de corrupción y un alto nivel de representación estatal a disidentes y prensa. El mandato de Maduro se vio golpeado el 22 de octubre cuando María Corina Machado ganó las elecciones primarias y se consagró como la candidata representante de la oposición.
Sin embargo, desde el chavismo han denunciado fraude en el proceso, por lo que la fiscalía abrió una investigación penal a las primarias y su organización. El día 30, la sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó “la suspensión de todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias” tras la solicitud del diputado opositor José Brito. Según la sentencia 122 de la Sala Electoral del TSJ, publicada en el sitio web del Supremo, la comisión organizadora de los comicios opositores deberá consignar “los antecedentes administrativos, contentivos de las veinticinco fases del proceso electoral” de las primarias, que van desde la convocatoria al evento hasta las actas de escrutinios, totalización y proclamación. Además, deberán consignar al Supremo las actas de aceptación de la candidatura de los aspirantes inhabilitados por la Contraloría para ejercer cargos de elección popular.
El 8 de noviembre, el gobierno norteamericano advirtió a Venezuela que luego de haber sancionado en junio a María Corina Machado por cargos de fraude y violaciones fiscales, debería habilitar a todos los candidatos competir en las elecciones presidenciales del año entrante, o de lo contrario volvería a imponer las sanciones a las industrias. "Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso sea exitoso. Nosotros hemos dado un paso bastante grande para mandar la señal de nuestro compromiso, pero después del 30 de noviembre si esas expectativas no son llenas, vamos a tener que tomar pasos para desmontar ese alivio de sanciones que hemos dado", indicó Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden.
