2 de abril de 2023 - 15:49 La seguridad ciudadana es mucho más que la lucha contra los delitos. Abarca también el cumplimiento de normas de convivencia, la resolución de los conflictos, la eficiencia del sistema judicial y del sistema penitenciario, entre otros. El fin último de las políticas públicas de seguridad ciudadana es la protección de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. En este sentido, una buena gestión institucional es indispensable para que estas políticas sean efectivas. Para ello, es necesario contar con voluntad política de parte de las autoridades gubernamentales; generar procesos con continuidad, definiendo objetivos y metas claras; y, construir un esquema de gobernanza que permita la participación coordinada de distintos actores relevantes. En las últimas semanas, El Salvador ha puesto en el tema en agenda nuevamente.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe desde hace años vienen librando una guerra de baja intensidad, pero de extremada mortalidad y altísimos costos económicos, sociales y políticos. A pesar de que la región no ha registrado conflictos armados activos en las últimas décadas, sí ostenta altos niveles de violencia. Ello se traduce en la tasa de homicidios más alta del mundo – 22,3 frente a 5,3 (promedio global) por cada 100 mil habitantes en 2015 –. Incluso considerando la existencia de diferencias en las dimensiones del problema entre países latinoamericanos y caribeños, las tasas de homicidios de las distintas subregiones han tendido a igualarse. Ello se explica por la caída de éstas en algunos países de Centroamérica y el Caribe, y un fuerte incremento en Venezuela que ha arrastrado hacia arriba el promedio de América del Sur.
La violencia hace especialmente vulnerables a los jóvenes. Es este segmento el que tiene más probabilidades de ser víctima de delitos y está más expuesto a caer en redes criminales por su alta participación en delitos violentos. Además de la pérdida de vidas humanas, la persistencia de altos niveles de violencia implica un costo económico que se estima ha alcanzado un promedio del 3% del PIB de la región. No sólo se trata de más del doble de lo estimado para los países desarrollados, sino que en la última década ha llegado incluso a duplicarse en determinados países centroamericanos como Honduras y El Salvador.
En distintos períodos de la historia reciente, El Salvador se ha posicionado como uno de los países con mayor tasa de homicidios en todo el mundo. Solamente en 2015 murieron 6.650 personas, es decir, 105,44 muertes por cada 100 mil habitantes. Estas cifras representaron el 35,3% de los homicidios totales cometidos en Centroamérica ese año, en un país que solo representa el 13,6% de la población de la región. Fue ese mismo año que El Salvador fue catalogado como la “capital mundial de homicidios”. La violencia de las pandillas se volvió crecientemente endémica a lo largo de las últimas décadas. El Salvador pasó de tener 6.000 miembros activos de pandillas en 2003 a cerca de 86.000 en abril de 2022, según cifras recientes proporcionadas por el Presidente Nayib Bukele. Sin embargo, a partir de 2019 la cifra de homicidios se redujo considerablemente y se ha mantenido estable a la fecha. Cabe destacar que existen dudas acerca de si la reducción de homicidios es un resultado de las políticas gubernamentales, una decisión de las pandillas o un pacto entre el gobierno y las pandillas.
Las pandillas salvadoreñas se han convertido, en las últimas dos décadas, en el foco de las políticas de seguridad ciudadana de los sucesivos gobiernos. Estos grupos pasaron de ser pandillas barriales en la década de 1990 y principios de los años 2000, a ser considerados como terroristas por la Corte Suprema de Justicia en 2015. En el transcurso de tres décadas, grupos de jóvenes provenientes de barrios de bajos recursos, vulnerables, marginados y desatendidos por el Estado se fueron convirtiendo en pandillas. Estas pueden definirse como grupos altamente organizados y con estructuras marcadamente jerárquicas, que han sido capaces de someter a la sociedad y al Estado salvadoreño por medio de la violencia. Las principales pandillas de El Salvador son la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños (B18-S) y Barrio 18 Revolucionarios (B18-R), aunque también existen otros grupos menores.
Ante este escenario, las políticas de seguridad ciudadana en El Salvador se han basado fundamentalmente en la implementación de acciones represivas. Así, se ha prestado virtualmente nula atención a la prevención y reinserción de estos sectores en la sociedad. Esta es una característica transversal a todos los países de América Latina, donde la seguridad ciudadana suele estar limitada a la implementación de reformas en el sistema judicial, respuestas punitivas y el uso de la prisión como elemento disuasorio por excelencia.
En 2019, Nayib Bukele se convirtió en presidente de El Salvador y puso fin a la hegemonía de los dos grandes partidos del país: la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En términos de seguridad ciudadana, el Gobierno de Bukele presentó un Plan de Control Territorial. Este replica en gran medida los esquemas de los gobiernos precedentes al combinar la política de mano dura y la prevención de la violencia en algunos municipios considerados prioritarios.
En un principio, Bukele pretendía financiar el Plan de Control Territorial por medio de una serie de préstamos, pero la Asamblea Legislativa rechazó la solicitud. La negativa del Poder Legislativo llevó al presidente a intervenir la Asamblea acompañado por militares en febrero de 2020. Además, instó a la ciudadanía a usar el derecho a la insurrección. Más recientemente, el Plan ha logrado ser implementado a partir de la declaración del régimen de excepción por parte del Ejecutivo en marzo de 2022. Luego de una jornada en la que fueron asesinadas 87 personas, Bukele instauró el régimen de excepción, que se mantiene vigente hasta la actualidad. De acuerdo con cifras oficiales, desde esa fecha las autoridades detuvieron a 64.000 delincuentes, reduciendo la tasa de homicidios a niveles históricos.
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Total de homicidios diarios en El Salvador en el mes de marzo
Fuente: Policía Nacional Civil de El Salvador
Acompañada del hashtag en redes sociales #WarOnGangs, en el último año se han producido tantos arrestos que El Salvador ahora es el país con la población carcelaria per cápita más alta del mundo. Aproximadamente uno de cada 50 salvadoreños adultos están detenidos. Bukele se ha convertido en un modelo para algunos países de la región al ser considerado como un líder que hace su trabajo: control de pandemias, subsidios para los pobres, adopción de criptomonedas y reducción del crimen.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han recibido casi 8.000 denuncias por detenciones arbitrarias desde la instauración del régimen que limita los derechos de la ciudadanía y otorga poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad. A su vez, Human Rights Watch acusó al Gobierno de Bukele de haber negociado con las pandillas para disminuir la tasa de homicidios y obtener apoyo electoral a cambio de determinados beneficios. Esta política de "populismo punitivo" del presidente salvadoreño se enfoca en el uso de la fuerza y el castigo y no, por el contrario, en la rehabilitación o justicia restaurativa. Los éxitos de Bukele en el combate al crimen organizado se han traducido en índices de aprobación del Gobierno de hasta un 90 por ciento.
La cárcel más grande de América
Hace algunas semanas, las imágenes del traslado de 2.000 supuestos pandilleros al nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se conocieron en todo el mundo. El CECOT es una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos que está ubicada unos 74 kilómetros al sureste de la capital salvadoreña, en el municipio de Tecoluca, en una zona rural aislada. Sus dimensiones - 116 hectáreas - la convierten en la cárcel más grande de América. El Centro de Confinamiento alberga 8 pabellones que son custodiados por 19 torres de vigilancia, más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil.
Cómo es la polémica "megacárcel" de Bukele en El Salvador que ya recibió sus primeros presos
