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Maduro aplica el método Putin

Detención arbitraria en Venezuela: El caso de Rocío San Miguel

El régimen de Nicolás Maduro detuvo a una activista opositora en la previa de las elecciones en Venezuela.

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21 de febrero de 2024 - 09:11 Por Sarai Avila

El viernes 9 de enero, Rocío San Miguel fue detenida de forma arbitraria y forzada en el aeropuerto de Caracas, Venezuela. También fueron detenidos Miranda Díaz San Miguel, dos hermanos, Miguel Ángel San Miguel Sosa y Alberto San Miguel Quigosos, el padre de Miranda, Víctor Díaz Paruta, y su expareja, Alejandro González Canales.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, reconoció su detención y los acusó de ser parte de un plan denominado Brazalete Blanco, término que se utiliza para definir un presunto completo contra la base militar de Táchira y ser parte de un intento de magnesio contra el presidente Nicolas Maduro y otros funcionarios estatales. El arresto fue efectuado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

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Rocío es una internacionalmente reconocida abogada de 57 años. profesora y defensora de los derechos humanos. Es presidenta de Control Ciudadano, de Venezuela, una ONG que se destaca por realizar investigaciones relacionadas con los derechos humanos, la seguridad pública y el papel de las fuerzas armadas.

El lunes 12, el fiscal Saab informó que pidió prisión para San Miguel y su exesposo y libertad condicional para el resto de detenidos. Agregó también que a Rocío San Miguel se le imputa la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

El martes, la hija de Rocío, el papá de ésta, y sus hermanos fueron liberados, aunque deberán presentarse de manera periódica en el tribunal que lleva la causa, no podrán declarar en medios de comunicación, ni salir del país. Ese mismo día, los abogados de San Miguel habían declarado que la activista llevaba más de 100 horas incomunicada. “Hasta las 10:30 am de hoy 13 de febrero, la defensa técnica no se ha podido comunicar con Rocío San Miguel o con alguno de los cinco familiares que también habrían sido presentados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo”, dijo la defensa en un comunicado. El equipo legal de San Miguel añadió que “la audiencia de Rocío San Miguel no contó con abogados de su confianza que garantizaran el derecho a la asistencia legal, como parte del debido proceso establecido en el artículo 44 de la Constitución”.

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El día miércoles, ONGS, partidos políticos, universidades, movimientos sociales y gremios se movilizaron denunciando la escalada de violencia contra opositores al régimen de Maduro, que se ha ido incrementado durante el último debido al contexto electoral, y pidieron la liberación de Rocío. También Estados Unidos, La Unión Europea y las Naciones Unidas expresaron su preocupación por la detención de la abogada.

El abogado y político argentino Tomás Farini Duggan, quien integra el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), denunció en la Justicia argentina al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la detención y desaparición de Rocío San Miguel. La denuncia se presentó ante el juez federal de Comodoro Py, Sebastián Ramos, y el fiscal federal Carlos Stornelli, en una causa que se inició el año pasado para que se investiguen los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.

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Farini Duggan anunció que “los hechos denunciados constituyen el delito de desaparición forzada de personas. La denuncia será ampliada en caso de que se conozcan otros delitos perpetrados en perjuicio de las víctimas” y que “se deberá investigar además, si la desaparición forzada de los familiares directos de Rocío San Miguel constituye la forma de tortura denominada castigo por responsabilidad familiar, que fue creada en la Alemania Nazi y consistía en detener a uno o varios familiares de algún sospechoso de cometer crímenes contra el Estado”.

El miércoles por la noche, el equipo legal de San Miguel denunció que Fuerzas de seguridad venezolanas allanaron la casa de la activista y detuvieron nuevamente a su hija y a uno de sus abogados. El abogado Joel García denunció que las autoridades se llevaron de la casa mapas impresos de zonas de seguridad que San Miguel utilizaba cuando era docente en institutos militares y un dispositivo iPad. La defensa declaró “tememos que pudieran estar sembrando evidencias".

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