22 de junio de 2023 - 16:27 Por Uriel Salamon Habíamos anticipado en EL ARCHIVO que tras la gira del ministro Sergio Massa y su comitiva a China, el gobernador de Tierra del Fuego había motorizado la aprobación de un Memorándum de entendimiento firmado con la empresa china Shaanxi Chemical Group. Ese acuerdo establece una inversión para la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno (que permite el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas) y una central eléctrica de 100MW” y que tiene una validez por tres años.
De acuerdo a lo pactado y como ocurrió en Neuquén con la estación de observación del espacio profundo, la construcción de este puerto no inhabilita a la posibilidad que allí los chinos trabajen con total privacidad y que eso pueda implicar el inicio de un base naval encubierta en una zona estratégica clave.
Por otra parte, el polémico Memorándum que el gobernador Gustavo Melella busca que sea aprobado por la legislatura provincial cuenta con un vericueto que podría interpretarse como una violación a la constitución provincial ya que la misma en su articulo 135°, referido a las atribuciones del gobernador, expresa claramente que:
Ejercer la representación legal de la Provincia en todas sus relaciones oficiales. Podrá celebrar tratados y convenios con la Nación y con otras provincias. También podrá celebrar convenios con municipios y entes públicos ajenos a la Provincia, nacionales o extranjeros, y con organismos internacionales, en todos los casos con aprobación de la Legislatura y dando cuenta al Congreso de la Nación cuando así correspondiere.
Es decir que si bien el acuerdo es entre Shaanxi Chemical Group, una subsidiaria del Comité Provincial del Partido de Shaanxi, se trata de una empresa estatal provincial. No es un municipio, no es un ente público sino es una empresa. El artículo mencionada mas arriba no refiere taxativamente a una empresa como lo es este grupo empresarial que se dedica a diversos rubros industriales.
Si bien sería imposible avanzar sin la anuencia de la Administración Nacional de Puertos ya que la potestad de establecer puertos reside en ese organismo y no en la potestad del gobernador, en su momento, entrevistado por EL ARCHIVO, el senador nacional por Juntos por el Cambio, partido de la oposición en Tierra del Fuego, Pablo Blanco, había advertido que :
" La legislatura aún no aprobó nada, el gobernador no tiene facultades de habilitación de puertos y menos con vínculos internacionales, ya que eso es potestad del estado nacional. Lo único en lo que puede derivar esto es en juicios a la provincia porque los chinos consideren que se incumple con lo firmado." " La legislatura aún no aprobó nada, el gobernador no tiene facultades de habilitación de puertos y menos con vínculos internacionales, ya que eso es potestad del estado nacional. Lo único en lo que puede derivar esto es en juicios a la provincia porque los chinos consideren que se incumple con lo firmado."
El decreto con firma del gobernador del pasado 31 de mayo solicitando a la legislatura la aprobación del memorándum, más allá de la violación a la constitución que ello implica por lo explicado anteriormente, prendió las alarmas de la oposición que avanzó rápidamente para tratar de frenar esta puerta abierta de par de par para que China pueda establecer en una zona tan estratégica.
La instalación de un puerto en Argentina podría involucrar presencia militar aunque sea de forma solapada, algo similar a lo que representa hoy la estación de observación en Neuquén. Por otra parte no sería la primera base de China en el mundo ya que cuenta con tres situadas en Somalía, Camboya y Tajikistan. Sí sería la primera en América Latina y situada en un punto muy estratégico. Una eventual base china en Tierra del Fuego le permitiría a China tener la presencia de unidades navales y contingente militar y además podría interceptar todo tipo de comunicaciones regionales y mantener un monitoreo permanente del tránsito marítimo.
En ese sentido, diputados opositores avanzaron en dos direcciones: por un lado varios pedidos de informes presentados en la Cámara de Diputados como el del 9 de junio cuando varios miembros de la Cámara hicieron un extenso pedido que apunta principalmente a saber la participación, implicancias y posibles autorizaciones o no otorgadas por la la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, perteneciente al Ministerio de Transporte de Nación. Por otro, y a futuro, saber si existen otras propuestas -en ejecución o por ejecutarse- de memorándums para la realización de inversiones u operaciones comerciales de la República Comercial China de forma directa o a través de empresas o entidades que impliquen el otorgamiento de concesiones o contrataciones sobre puertos en algún otro punto de nuestro país.
La cuestión de lo estratégico también es motivo de consultas de los diputados cuando en sus fundamentos explican que: de la reducida información disponible se evidencia una oportunidad estratégica para que China aumente su presencia en el territorio de nuestro país, y en particular en un espacio geográfico geoestratégico (desde Tierra del Fuego hacia la Antártida), dada su cercanía directa con la Antártida, las Islas Malvinas y el paso bioceánico, y más aún por la pretensión de extender hacia el futuro su presencia, tal como detalla el propio Memorándum al expresar: “La construcción sin contratiempos del proyecto será ejemplar para la inversión de empresas chinas en el sur de Argentina”.
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La estratégica posición para China
Por otra parte, existen además otros dos pedidos de informes presentados por el Diputado Federico Frigerio (Tierra del Fuego JXC) que apunta por un lado a saber cuál es la posición del gobierno nacional en términos de seguridad nacional, soberanía política y territorial y política exterior respecto a la construcción de un puerto en un sitio estratégico internacional, en territorio nacional pero por una organización paraestatal extranjera. Y por otro, qué proyectos de concesión de territorio nacional a agencias u organizaciones controladas por otros estados existen, cuáles son sus condiciones y cuáles son los antecedentes obrantes en Cancillería acerca del desarrollo de obras de infraestructura de este tipo.
Como vemos, el pedido del diputado Frigerio busca información sobre de que manera se puede estar menoscabando la soberanía nacional al otorgar esta posibilidad a China de construir un puerto, el cual en ningún momento se dice que está restringido a uso civil. Al respecto, Frigerio presentó otro pedido de informes más especifico al respecto donde consulta lo siguiente:
¿Ha tenido el Ministerio de Defensa algún tipo de intervención en la negociación del mencionado acuerdo? ¿Qué implicancias militares y de seguridad conlleva la concesión de territorio nacional a agencias u organizaciones controladas por otros estados? ¿Qué impacto tiene a nivel de seguridad operacional militar nacional y regional la instalación de una planta con potencial capacidad de producción de productos químicos controlada por un estado extranjero?
No obstante la movida más jugada al respecto ha sido la presentación de una denuncia penal encabezada por los diputados de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, Manuel Lopez y Maximiliano Ferraro, quienes fundamentaron que la presentación apunta contra el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi; el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el Ministro de Defensa Jorge Taiana y el gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego Gustavo Melella. Los considera responsables de los delitos “contra la seguridad de la nación, contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, entre otros no excluyentes. Además los denunciantes solicitaron una “medida de no innovar” que suspenda la entrada en vigor del acuerdo en cuestión.
Por otro lado aseguraron que, conforme a lo dispuesto por el art. 174 y siguientes del CPPN y teniendo en cuenta los acontecimientos de público conocimiento relacionados con la firma de un Memorando de Entendimiento entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la empresa estatal china Shaanxi Chemical Industry Gorup Co. Ltd – se han incumplido normas procedentes y derivadas de la Constitución Nacional -con gravosas consecuencias geopolíticas para la Nación Argentina.
