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SUSCRIBITETrump quiere un alto el fuego inmediato, la devolución de todos los rehenes, la desmilitarización de Hamás y que Israel se retire de la Franja de Gaza.
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SUSCRIBITELa Casa Blanca presentó públicamente un marco de veinte puntos que, según la administración estadounidense, busca terminar la guerra en Gaza mediante una combinación de cese de hostilidades, un amplio intercambio de prisioneros y rehenes, y la “desmilitarización” de Hamás seguida de la instalación temporal de una autoridad internacional para gobernar y supervisar la reconstrucción.
El texto vincula de manera explícita la puesta en marcha del resto de medidas a una secuencia de acciones inmediatas: la entrega de los rehenes por parte de Hamás en un plazo de 72 horas desde la entrada en vigor del alto el fuego; la liberación escalonada de prisioneros palestinos por parte de Israel; la retirada parcial y condicionada de las fuerzas israelíes a un perímetro de seguridad; y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización junto a equipos independientes de verificación. El documento público, sin embargo, deja vacíos operativos importantes sobre la composición, el mandato y la financiación de esa fuerza internacional, así como sobre los procedimientos de verificación.
El presidente Donald Trump reforzó la presión política al anunciar que daría a Hamás “tres o cuatro días” para responder a la propuesta, una formulación que la Casa Blanca matizó posteriormente pero que funcionó como un ultimátum público para acelerar una decisión del movimiento palestino. En declaraciones a la prensa, el presidente sostuvo que varias capitales aliadas ya habían aceptado el marco y urgió a Hamás a dar una respuesta rápida; la insistencia temporal buscó acentuar la dinámica diplomática mientras mediadores regionales intensificaban contactos con dirigentes del grupo.
Hamás respondió a la propuesta de paz del presidente estadounidense Donald Trump con una aceptación parcial que abre la puerta a negociaciones pero mantiene aspectos clave sin resolver. Tras el ultimátum de Trump, el grupo terrorista palestino manifestó su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes, tanto vivos como restos mortales, según la fórmula de intercambio planteada, pero condicionó esta entrega al cumplimiento de requisitos sobre el terreno y advirtió que la propuesta estadounidense resulta "imprecisa" en varios puntos.
Hamás aceptó explícitamente los primeros nueve puntos del plan, que incluyen el cese de hostilidades, el intercambio de prisioneros, la entrada de ayuda humanitaria y el rechazo al desplazamiento forzoso de palestinos. Sin embargo, el grupo solicitó conversaciones técnicas inmediatas para discutir detalles cruciales como el cronograma de retirada militar israelí, y evitó pronunciarse sobre aspectos sensibles del plan como el desarme de la organización y la conformación de una fuerza internacional de estabilización.
Israel salió a respaldar públicamente los principios del plan. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que el marco se alineaba con los “objetivos” de su gobierno —la recuperación de rehenes y la neutralización de la capacidad militar de Hamás— aunque subrayó que la implementación quedaría supeditada a aprobaciones internas y a evaluaciones de seguridad. En Tel Aviv hubo matices: ministros y figuras de la coalición expresaron reservas sobre algunos pasajes del documento relacionados con la presencia futura de fuerzas israelíes y con la forma en que se garantizaría la seguridad a largo plazo, por lo que la aprobación formal del plan en el gabinete fue presentada como un paso pendiente. El respaldo estadounidense a una eventual intensificación militar en caso de rechazo también quedó formulado por la administración como un elemento disuasorio.
La respuesta de Trump a la declaración de Hamás representó un punto de inflexión en su relación con Israel, al publicar en su red Truth Social que cree que el grupo está "listo para una paz duradera" y exigir al primer ministro Benjamin Netanyahu que detenga "inmediatamente" los bombardeos sobre Gaza porque es "demasiado peligroso" extraer a los rehenes bajo fuego. Esta presión pública constituye la primera vez desde su regreso al cargo que Trump intenta obligar a Netanyahu a cesar las operaciones militares, colocando al mandatario israelí en una posición incómoda frente a su principal aliado internacional.
Mientras el presidente estadounidense afirmó en video que "estamos muy cerca" de finalizar la guerra y que todas las partes "serán tratadas de manera justa", en Israel la situación generó divisiones: Netanyahu consideró la respuesta de Hamás como un rechazo y buscó coordinar con Washington para evitar que se percibiera como una aceptación positiva, mientras que el equipo negociador israelí encargado de los rehenes valoró la declaración del grupo palestino como una reacción favorable que abre un camino real hacia un acuerdo.
Egipto, Qatar y Turquía asumieron de inmediato roles de mediación, y El Cairo en particular declaró públicamente que trabajaría con Doha y Ankara para persuadir a Hamás a aceptar el marco, aunque advirtió que no toleraría desplazamientos forzosos de la población palestina y pidió precisiones sobre gobernanza y seguridad antes de avalar plenamente el acuerdo. Qatar, con canales de comunicación directos hacia la cúpula de Hamás, recibió delegaciones y trasladó la propuesta al grupo; Turquía coordinó contactos con dirigentes en el exilio. Las capitales mediadoras enfatizaron la necesidad de subsanar las lagunas técnicas del documento antes de que cualquier aceptación pueda convertirse en un acuerdo ejecutable.
El intercambio programado de rehenes y prisioneros constituye el principal nudo operativo. El plan exige que Hamás libere a todos los rehenes dentro de 72 horas de un alto el fuego efectivo; a cambio, Israel liberaría un paquete masivo de prisioneros palestinos, incluyendo personas con condenas largas. Esa secuencia convierte a los rehenes en el principal instrumento de control y genera la necesidad de verificadores imparciales, protocolos de entrega y garantías de seguridad en los lugares de recepción. Las especificaciones públicas no identifican con claridad quién haría las verificaciones ni qué organizaciones internacionales tendrían mandato operativo sobre los pasos críticos, lo que deja en manos de futuras negociaciones la concreción de la secuencia y la mitigación del riesgo de incumplimiento.
Desde el punto de vista jurídico y político, el componente de “desmilitarización total” de Hamás plantea desafíos prácticos y conceptuales. El marco exige la desarticulación de la capacidad militar de Hamás —incluidos túneles, arsenales y sistemas de cohetes— y condiciona la retirada israelí a la verificación de ese proceso. Al mismo tiempo, propone incentivos para miembros que acepten deponer las armas, que van desde amnistías limitadas hasta la posibilidad de exilio. La ausencia de mandatos y garantías precisas para el procesamiento de combatientes y la reconstrucción de estructuras civiles abre interrogantes sobre la sostenibilidad política del arreglo y sobre quién garantizaría derechos y protección a la población civil durante la transición.
Los mediadores y actores internacionales identificaron al menos tres escenarios operativos con base en la documentación y los intercambios públicos: una aceptación condicionada por parte de Hamás que derive en una larga fase técnica para concretar verificación y despliegue internacional; un rechazo de Hamás que legitime una intensificación militar israelí con respaldo estadounidense; o una aceptación parcial y fragmentada que genere una tregua frágil sujeta a rupturas. Las declaraciones públicas de Egipto y de otros gobiernos subrayaron la preferencia por evitar una escalada mayor, pero también advirtieron que las lagunas técnicas del documento deberán ser llenadas para que el marco deje de ser únicamente una declaración política.
Las próximas horas y días estaban previstas para conversaciones entre delegaciones de Hamás y mediadores en Doha y El Cairo, mientras en Washington se coordinaban contactos con aliados regionales y se discutían las condiciones de una eventual Fuerza Internacional de Estabilización. La concreción del despliegue, su mandato y su financiación no se habían detallado públicamente y constituyen factores decisivos para la ejecución del plan.
Las implicaciones regionales incluyen un posible reposicionamiento de actores como Egipto y Qatar, que al asumir roles de garante y mediador podrían ampliar su influencia diplomática; también suponen recalibraciones en la relación de Estados Unidos con socios árabes que apoyan, con reparos, el marco propuesto. Humanitariamente, la materialización de un alto el fuego verificable abriría la posibilidad de aumentar la ayuda y reducir las muertes civiles, siempre que se asegure la entrega sostenida y la protección de corredores humanitarios.