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SUSCRIBITEEl fallo, histórico, se dictó por 4 votos a 1 y alcanza, además de a Jair Bolsonaro, también a siete de sus exfuncionarios y militares de alto rango.
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SUSCRIBITELa semana pasada en El Archivo contábamos cómo el juicio contra Jair Bolsonaro se convirtió en un hito para la democracia brasileña y cómo la Procuraduría General de la República presentó pruebas de un plan sistemático para desconocer el resultado de las elecciones de 2022. Allí señalábamos que la definición del Supremo Tribunal Federal (STF) marcaría el rumbo político inmediato de Brasil.
Ese rumbo ya quedó trazado: la Primera Sala del STF condenó al expresidente a 27 años y 3 meses de cárcel, en un fallo sin precedentes en la historia del país. Por primera vez, un exmandatario es sentenciado por intento de golpe de Estado, en un proceso que también involucró a altos mandos militares y exministros de su gobierno.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, el STF encontró culpable a Bolsonaro de los delitos de intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daños agravados, deterioro del patrimonio histórico y liderazgo de una organización criminal armada.
Los magistrados que votaron por la condena fueron Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin. El único voto disidente fue el de Luiz Fux, quien pidió la absolución del expresidente y la nulidad del proceso al sostener que el Supremo no era competente para juzgarlo.
Además de Bolsonaro, fueron condenados otros siete exfuncionarios y militares: el general Walter Braga Netto, exjefe del Estado Mayor y candidato a vicepresidente en 2022; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional; Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin); Anderson Torres, exministro de Justicia; Almir Garnier, excomandante de la Marina; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro.
El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, afirmó que “no fue un paseo dominical ni un acto espontáneo, fue un intento de golpe de Estado por parte de una organización criminal liderada por Jair Bolsonaro”.
Flávio Dino coincidió al señalar que el expresidente “tenía dominio sobre todos los hechos narrados” y que el plan buscaba “perpetuar un proyecto autoritario de poder”.
Cármen Lúcia, cuyo voto resultó decisivo, sostuvo que “un grupo compuesto por figuras clave del Gobierno llevó a cabo un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con el objetivo de perjudicar la alternancia de poder”.
Por su parte, el juez Cristiano Zanin remarcó que las pruebas demostraban la intención deliberada de “romper el Estado democrático de derecho valiéndose de la incitación al uso de las Fuerzas Armadas”.
El único magistrado en disidencia, Luiz Fux, argumentó que no había pruebas suficientes y que los hechos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia, ocurrieron cuando ya no era presidente, por lo que el Supremo no tenía jurisdicción para juzgarlo.
La defensa de Bolsonaro, encabezada por Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, anunció que apelará la sentencia “por respeto, pero con profunda discrepancia e indignación”. Los abogados calificaron la pena de “absurdamente excesiva y desproporcionada” y anticiparon que agotarán todas las vías posibles, incluidas instancias internacionales.
Aunque el STF es la máxima corte brasileña, la legislación permite que la defensa presente embargos de declaración o recursos para resolver divergencias, lo que podría retrasar la ejecución de la condena. Además, Bolsonaro podría solicitar que la pena se cumpla en régimen de prisión domiciliaria, alegando su estado de salud y la anemia que padece.
La condena inhabilita a Bolsonaro hasta 2030 y lo coloca en prisión domiciliaria bajo estrictas medidas cautelares. Pese a esto, su influencia sobre la derecha brasileña sigue siendo significativa: el expresidente podría no ser candidato en 2026, pero sí tener incidencia en la definición del postulante que se enfrente a Lula da Silva.
El fallo generó también reacciones internacionales. Donald Trump calificó la condena como una “cacería de brujas” y respondió con sanciones económicas contra Brasil, mientras que el senador republicano Marco Rubio advirtió sobre “consecuencias” para el país sudamericano. Lula, en cambio, celebró la decisión del Supremo y aseguró que “la democracia y la soberanía de Brasil no son negociables”. Desde Buenos Aires, Javier Milei se sumó a las críticas, expresó su apoyo a Bolsonaro y cuestionó el fallo al considerarlo una muestra de persecución judicial contra la derecha en la región.