El martes por la noche, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, se sorprendió al país al declarar la ley marcial en un discurso televisado, argumentando la necesidad de "proteger el orden constitucional" frente a supuestas amenazas internas.
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SUSCRIBITEEl presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, sorprendió al país al declarar la ley marcial en un intento por controlar una crisis política interna.
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SUSCRIBITEEl martes por la noche, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, se sorprendió al país al declarar la ley marcial en un discurso televisado, argumentando la necesidad de "proteger el orden constitucional" frente a supuestas amenazas internas.
La medida, que otorgó control temporal a los militares, prohibió actividades políticas, restringió derechos civiles y censuró medios de comunicación, evocando recuerdos de la dictadura militar que marcaron el pasado del país. Sin embargo, la respuesta fue inmediata: protestas masivas en las calles, legisladores enfrentándose a las tropas para ingresar al Parlamento y una votación de emergencia que anuló la medida en menos de seis horas, en lo que ya se considera uno de los episodios más tensos. y decisivos para la democracia surcoreana en décadas.
La ley marcial en Corea del Sur, según su Constitución, puede ser declarada en "situaciones de guerra o emergencias nacionales similares" que requieran el control militar para preservar el orden. Su implementación permite restricciones severas, como la suspensión de derechos civiles, la censura de los medios y la prohibición de actividades políticas y manifestaciones. Sin embargo, estas medidas excepcionales son vistas como un recurso extremo en el contexto democratico.Yoon Suk Yeol justificó la medida alegando amenazas "antiestatales" supuestamente vinculadas a la oposición, a la que acusó de simpatizar con Corea del Norte. Sin embargo, la oposición y sectores de la sociedad lo consideraron un intento desesperado por consolidar su debilitado poder frente a un Parlamento controlado por el Partido Democrático (PD), que había bloqueado múltiples iniciativas gubernamentales y promovido mociones de censura contra funcionarios clave.
Yoon Suk Yeol, presidente desde mayo de 2022, llegó al poder con una plataforma anticorrupción y una reputación de fiscal implacable. Sin embargo, su mandato ha sido marcado por una fuerte oposición parlamentaria, escándalos de corrupción que involucraron a su esposa, y una agenda legislativa bloqueada. Su índice de aprobación ha caído al 25%, reflejando un creciente descontento popular. El intento de ley marcial se interpreta como una estrategia desesperada frente a la inminente posibilidad de juicio político, que requeriría el apoyo de dos tercios del Parlamento. Si bien su partido tiene 108 escaños, la división interna podría facilitar su destituciónLa Asamblea Nacional, esta compuesta por 300 legisladores. Actualmente es dominada por la oposición, con 192 escaños combinados entre el PD, partidos minoritarios y legisladores independientes. Este bloque rápidamente rechazó la ley marcial, calificándola de inconstitucional e ilegal. Incluso el líder del partido gobernante, Han Dong Hoon, se alineó con los opositores, condenando la medida como "indefendible". En una sesión plenaria extraordinaria, 190 legisladores votaron por anular el decreto de Yoon, obligándolo constitucionalmente a levantar la ley marcial. Este episodio reafirmó el poder del Parlamento como garante de la democracia frente a posibles excesos del Ejecutivo.La reacción de la sociedad y la comunidad internacional
La medida de Yoon desató protestas masivas en Seúl, con ciudadanos enfrentándose a las tropas desplegadas en las inmediaciones del Parlamento. Miles de ciudadanos se congregaron frente al Parlamento, enfrentándose a tropas y policías desplegados para mantener el control. Gritos de "¡No a la ley marcial!" resonaron mientras las fuerzas de seguridad intentaban impedir que los legisladores ingresaran al edificio. En escenas caóticas, manifestantes rompieron barricadas, enfrentaron a las tropas y exigieron la renuncia de Yoon.
Las movilizaciones evocaron recuerdos del movimiento democrático de los años 80, cuando el pueblo surcoreano luchó contra el autoritarismo militar. Organizaciones sindicales, incluidas las más grandes del país, declararon huelgas hasta que Yoon dimita, evidenciando un descontento generalizado que trasciende sectores políticos y sociales. Este levantamiento reafirmó el poder de la sociedad civil como actor clave en la protección de la democracia.
A nivel internacional, países como Estados Unidos y Alemania expresaron su preocupación, mientras que China pidió cautela a sus ciudadanos en Corea del Sur. La decisión de Yoon fue ampliamente criticada como un retroceso en la imagen democrática del país.
La moción de juicio político se perfila como el próximo gran desafío para Yoon Suk Yeol. El Parlamento debatirá esta semana su posible destitución, que requerirá al menos 200 votos favorables. De aprobarse, el caso pasará al Tribunal Constitucional, que necesitaría el apoyo de seis de sus nueve miembros para confirmar la destitución.
El intento de ley marcial y su rechazo inmediato muestran tanto la fortaleza como la fragilidad de la democracia surcoreana. Si bien las instituciones lograron frenar una medida potencialmente autocrática, el país enfrenta desafíos significativos. El debilitamiento de la confianza en el Ejecutivo, la fragmentación política y la polarización social complican el panorama. El juicio político contra Yoon, de concretarse, podría reconfigurar el liderazgo del país. Mientras tanto, la sociedad sigue vigilante, decidida a no permitir que el país regrese a las sombras de su pasado autoritario. Este episodio será recordado como un testimonio de la resistencia democrática en un momento de extrema tensión política.