El gobierno de Gabriel Boric encara su tramo final con un balance atravesado por el debate sobre seguridad y reformas sociales parciales.
Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo de 2022 como el mandatario más joven en la historia de Chile, respaldado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Su llegada se dio en un contexto de alta movilización social tras el estallido de 2019 y con un proceso constituyente en marcha. Ese escenario condicionó desde el inicio su margen de maniobra y colocó la agenda de cambios estructurales en el centro de las expectativas.
Durante los dos primeros años, el gobierno debió enfrentar dos plebiscitos consecutivos sobre una nueva Constitución. Ambos textos —el primero de orientación progresista y el segundo con mayoría de derecha— fueron rechazados por la ciudadanía, dejando en suspenso la reforma constitucional y asociando parte del desgaste gubernamental al fracaso del proceso.
Gabriel Boric no pudo reformar la Constitución
En paralelo, la coalición gobernante experimentó dificultades de instalación institucional. La falta de experiencia de varios equipos, los cambios de gabinete y demoras en designaciones marcaron las primeras etapas del mandato. Hacia 2023, el Ejecutivo avanzó hacia un esquema más moderado, incorporando ministros provenientes del socialismo democrático para sostener la gestión.
La seguridad pública se convirtió en el eje dominante del período. Chile registró un aumento sostenido de delitos violentos durante la última década, lo que se expresó en la duplicación de la tasa de homicidios (de 3 a más de 6 por cada 100.000 habitantes). Al mismo tiempo, se expandieron tipologías delictuales antes poco frecuentes, como secuestros, extorsiones y homicidios asociados a crimen organizado.
A pesar de que Chile mantiene cifras inferiores al promedio regional, la percepción de inseguridad alcanzó niveles récord. Encuestas nacionales y mediciones internacionales posicionaron al país entre los que presentan mayor temor al delito, incluso por encima de países con tasas de criminalidad más altas. La llegada de organizaciones transnacionales —con énfasis en el caso del Tren de Aragua—, el incremento del uso de armas de fuego y la visibilidad mediática de casos violentos influyeron en esta percepción.
Frente al escenario, el gobierno impulsó una agenda legislativa expansiva. Entre 2022 y 2025 se promulgaron 69 leyes en materia de seguridad, la cifra más alta desde el retorno a la democracia. El paquete incluye:
Las cifras muestran estabilización y leve descenso de los homicidios a partir de 2024, aunque el temor ciudadano no disminuyó. La discusión pública se mantuvo dominada por la demanda de medidas de “mano dura”, mientras persistieron las críticas sobre la falta de una reforma estructural a Carabineros y sobre la lenta respuesta frente a la migración irregular en el norte del país.
Aunque la agenda inicial se vio reducida, el gobierno avanzó en varios frentes de políticas sociales:
En redistribución, se aprobó el royalty minero, que modifica la carga impositiva a la gran minería. La reforma tributaria más amplia, sin embargo, fue rechazada en el Congreso, lo que afectó la capacidad de financiamiento de programas sociales proyectados.
A la par de los avances, el gobierno enfrentó episodios que impactaron su credibilidad:
El Ejecutivo debió ajustar prioridades y transitar desde una agenda fuertemente reformista hacia un enfoque centrado en gestión, orden público y negociaciones puntuales en un Congreso donde nunca tuvo mayoría.
En el plano internacional, Boric adoptó posiciones diferenciadas dentro de la izquierda regional:
Estas posturas reforzaron su identificación con un progresismo institucionalista y lo distanciaron de corrientes populistas de la región.
En derechos humanos, el Ejecutivo avanzó en medidas emblemáticas: fin de privilegios en el penal Punta Peuco, expropiación de terrenos de la ex Colonia Dignidad y fortalecimiento de políticas de memoria.
Los análisis especializados coinciden en que el principal legado de Boric en materia de seguridad se concentra en la arquitectura institucional, no en resultados inmediatos. La creación de un ministerio especializado, la reorganización de sistemas de coordinación y las leyes de persecución criminal configuran una base que requerirá continuidad en futuras administraciones.
Persisten, sin embargo, desafíos estructurales:
A ello se suma un escenario político marcado por la fragmentación partidaria, que limitó la capacidad del gobierno para consolidar una política de Estado en seguridad.
Según el informe “Del dicho al hecho” de Ciudadanía Inteligente, en 2025 el gobierno había cumplido el 38% de sus compromisos legislativos, con mayor avance en infancia, juventud, minería y seguridad ciudadana, y rezagos en cultura, democracia y temas indígenas.
El Ejecutivo sostiene que, pese a la percepción adversa, la estabilidad de indicadores macroeconómicos, la contención del crimen organizado y las reformas sociales marcarán su legado. Los críticos, en cambio, señalan que la administración no logró articular un relato coherente ni consolidar una gestión eficaz en áreas sensibles como seguridad y reconstrucción.
Sin posibilidad de reelección inmediata, Boric se prepara para entregar la banda presidencial en marzo de 2026 mientras la evaluación de su gobierno continúa en disputa. Su futuro político dependerá de la capacidad de construir alianzas y de consolidar una base partidaria que, hasta ahora, ha mostrado debilidades estructurales.